Los colegios privados tratan de frenar el proyecto de la Norma 237 (NOM 237) con la que se pretende regular los derechos y obligaciones de las instituciones privadas y que podría generar el cierre de 18 mil planteles en el país de los 48 mil que se estima que hay, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En esta nueva norma, la cual tiene como objetivo regular los cobros que realizan los colegios, se pide a las instituciones educativas registrar su contrato de adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sometiéndolas a una “sobrerregulación”, advirtió el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, durante la conferencia de prensa virtual denominada “¿Golpe a la educación de nuestros niños?”.

Agregó que los cambios previstos en la NOM 237 y que ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) “carecen de sentido”: “Hemos tenido diálogo con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para hacerle ver que nos parece que no es el camino, asimismo, con Jesús Cantú, que es quien está encargado en la Secretaría de Economía de este tema, y ahorita está en discusión en la Conaver, y tenemos que dar todos los argumentos, para que no se aprueben los cambios”.

En la rueda de prensa, Itzel Carmina Gándara, presidenta de la Asociación de Instituciones y Escuelas Superiores Privadas del Estado de Morelos (AIESPEM), aseguró que la consecuencia inmediata de la entrada en vigor de la norma del posible cierre de 18 mil escuelas privadas conlleva que más de 630 mil prestadores de servicios educativos se queden sin trabajo. 

Los representantes de los colegios particulares llaman no solo a las escuelas, sino también a las organizaciones de padres de familia y ciudadanos en general a protestar para evitar un golpe a la educación con el proyecto de la NOM 237 que culminará el próximo 15 de noviembre, asegurando que a la sobrerregulación se sumaría el incremento en las tarifas escolares para que las instituciones educativas puedan cubrir los gastos de certificación y los demás trámites ante la Procuraduría Oficial del Consumidor.

En palabras de José Antonio Esquivias Romero, presidente de la Comisión Nacional de Educación de Coparmex, “esta sobrerregulación generará un doble gasto para las escuelas que van a terminar pagando los padres de familia”, al tener que asumir incrementos en las colegiaturas para obtener una educación de calidad.

Sin embargo, Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de Economía, afirmó que esto no ocurrirá con la implementación de la norma, pues lo que se pretende es dar certeza sobre los servicios educativos que ofrecen las instituciones particulares.

“Para nada habrá ningún tipo de costo excesivo. Se busca que haya una obligación de transparencia y de precisión en la información que proporcionen las escuelas acerca de cuáles son los servicios que van a proporcionar, cuánto van a cobrar y qué van a cobrar”, aseguró.

Cantú añadió que con la NOM 237 también se busca establecer que los compromisos que adquieran ambas partes no se puedan modificar con algún costo extra para ninguna de las dos. Es decir que los colegios no traten de aumentar sus ingresos o que los padres de familia o estudiantes incumplan con sus obligaciones de pago a las que se comprometieron al momento de iniciar el ciclo escolar y firmar un contrato.